SALEN A RELUCIR LOS AZCARRAGA EN EMPRESAS FANTASMA DE DUARTE

por Lety Rosado/SFNoticias

Xalapa, Ver.- El expresidente del Atlante, Eduardo Braun Burillo, sobrino del dueño de ese equipo y del grupo Pegaso, Alejandro Burillo Azcárraga, podría estar inmiscuido en actos de corrupción realizados con el respaldo de exfuncionarios de la administración estatal encabezada por Javier Duarte de Ochoa.

Lo anterior se advierte en la solicitud de información hecha por el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castan a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la plataforma INFOMEX, en la que requiere conocer las denuncias presentadas en contra de diversos ciudadanos.

El listado de aquellos que podrían haber participado en esos hechos presuntamente ilícitos, incluye a otro descendiente de la familia Azcárraga, Emilio Braun Burillo, actual vicepresidente de Mercadeo CV Network, con sede en Estados Unidos, quien además formó parte de América Tevé, una de las televisoras más importantes de habla hispana en Florida, que cuenta con una cobertura en Miami, Nueva York y Puerto Rico con 7 estaciones de televisión aérea, por cable y distribución satelital.

Aparecen también los nombres de John Castro, Javier Braun Burillo, Emilio Braun Burillo, Marcell Felipe, Ana Castillo, Mónica M. Tubilla, José Antonio Bandin, Mónica Babayán, José Mansur Junior, Jaime Reverte, Julio Antimo e Iñaki Negrete.

Algunos de los nombres que aparecen en el documento firmado por Franco Castan son ya conocidos, principalmente por ser señalados como prestanombres del exmandatario veracruzano, tal es el caso de Julio Antimo y Jaime Reverte supuestos operadores de Duarte en Texas; Inañi Negrete, en Miami; José Antonio Bandin y Mónica Babayán, en España.

Asimismo, requirió información de las denuncias presentadas en contra del representante legal y/o administrador único de empresas denominadas “fantasma”, así como de los exservidores públicos que participaron en la contratación de las mismas, entre las que se encuentran CERENE SA de CV, Inmobliaria Mansur SA de CV, M2 Córdova, Darahoum SA de CV y M1 de México SA de CV.

No obstante y después de cinco meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) finalmente entregó información, pero no tal como la solicitaba el peticionario, que consistía en la carpeta de investigación, el nombre del denunciado, hechos breves, denunciantes, montos y el estado que guarda la carpeta de investigación.

De acuerdo con el órgano procurador de justicia, la divulgación de la información solicitada conllevaría un riesgo real, demostrable, e identificable por el ejercicio equilibrado de los derechos de la parte y para la autonomía y libertad deliberativa por parte de la fiscalía general del estado del órgano judicial y para la sociedad.

Señala que ser de acceso público causaría un daño irreparable no sólo a las partes sino el propio procedimiento penal, violentando los principios y derechos consagrados en la Constitución; ello por formar parte de medios de convicción que obstaculicen el cumplimiento de las normas que han de observarse en la investigación, el procedimiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño impidiendo el acceso a la justicia en aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito.

De tal manera que, con la votación de los integrantes del Comité de Transparencia de la FGE se confirmó la clasificación de información en su carácter de reservada sustentada por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales consistente en los nombres de los denunciados de los denunciantes monto del daño perjuicio afectación y hechos específicos.

Se dan a conocer solamente cuatro carpetas de investigación: la primera en la que señala que los denunciados (exservidores) contrataron la difusión con diversas empresas ordenando pago sin que exista soporte documental que demuestre el trabajo que se realizó y se encuentra en estado de acusación, todo ello integrado en la carpeta de investigación FGE/FIM/CI/35/2017.

La segunda (FGE/FIM/CI/36/2017), señala que los denunciados, cuando ostentaron cargos dentro del gobierno del Estado contrataron a diversas empresas ordenando pagos sin que exista soporte documental que demuestra que se realizó el trabajo.

En tercer término, la carpeta de investigación 292/2017 en la que refiere que el denunciante que la administración advirtió que se contrató al empresa para la prestación de servicios por la cantidad de ** siendo que la empresa citada resultó en el catálogo de empresas denominadas empresas “fantasma”; se encuentra en estado de trámite.

Finalmente, en la carpeta de investigación 48/2017, cuyos denunciados son servidores públicos, se refiere que en los años 2011 y 2012 personal simularon actos jurídicos siendo estos supuestos contratos de compraventa en detrimento del gobierno del estado y se encuentra en trámite.